En medio de uno de los litigios internacionales más pesados que enfrenta el país, el Gobierno argentino consiguió un respaldo clave
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) confirmó que volverá a intervenir como «amicus curiae» (amigo del tribunal) a favor de la Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en la causa por la expropiación de YPF.
Se trata de un gesto político y judicial que fortalece la posición argentina frente al reclamo millonario del fondo Burford Capital, que busca quedarse con el 51% de las acciones que el Estado argentino aún posee en la petrolera nacional.
💸 Un fallo que todavía duele
Todo se remonta a 2023, cuando la jueza estadounidense Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar nada menos que 16.000 millones de dólares, al considerar que la estatización de YPF en 2012 —durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner— se hizo de forma irregular y sin respetar el estatuto de la empresa.
Burford, un fondo buitre especializado en litigios, compró los derechos para litigar por parte de antiguos accionistas de YPF, y ahora reclama un pedazo gigantesco del paquete accionario estatal.
🏛 ¿Qué significa el apoyo del DOJ?
La figura del «amicus curiae» permite que un tercero ajeno al juicio presente argumentos o consideraciones jurídicas relevantes. En este caso, el Departamento de Justicia de EE.UU. respalda la apelación argentina, lo que suma un actor de peso en un escenario judicial complejo.
No es la primera vez que el DOJ acompaña la postura del país: ya lo había hecho en instancias anteriores del mismo caso. Su nueva intervención se interpreta como un respaldo a la soberanía judicial de los Estados en decisiones de interés público, como lo fue la recuperación de YPF.
🌍 Un caso que mira el mundo financiero
La causa YPF no solo es importante para la Argentina: está siendo observada por inversores, gobiernos y organismos internacionales, ya que pone sobre la mesa los límites entre la política económica soberana y los intereses de los fondos de inversión internacionales.
Con este nuevo respaldo de Washington, el Gobierno nacional espera revertir o al menos reducir los impactos del fallo de Preska, mientras continúa negociando y apelando en todos los frentes posibles.
📝 Una batalla judicial que va más allá de los millones: está en juego el patrimonio estatal y la defensa de decisiones soberanas.