En un operativo que no pasó desapercibido, la Justicia misionera desarticuló una supuesta organización compuesta por policías en actividad y retirados que, según las autoridades, tenía planes para destituir a la cúpula policial y generar malestar social.
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Sin embargo, esta operación judicial, que ya dejó seis detenidos, ha despertado duras críticas, señalando que podría tratarse de una caza de brujas impulsada por las recientes protestas de policías y penitenciarios en demanda de mejoras salariales.
Entre los arrestados se encuentra Ramón Amarilla, un suboficial retirado y reconocido como representante de policías y penitenciarios. Amarilla se entregó este jueves por la noche a las autoridades y fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde están alojados los demás detenidos.
¿Conspiración o represalia por reclamos salariales?
El operativo, encabezado por el juez Fernando Verón del Juzgado de Instrucción N°3 de Posadas, ha sido caratulado como Conspiración (artículo 233) y Sedición (artículo 229) del Código Penal. Sin embargo, la naturaleza de las acusaciones ha generado suspicacias. Los recientes reclamos por mejoras salariales, protagonizados por miembros de la policía y el sistema penitenciario, ya habían puesto en alerta a las autoridades. Ahora, muchos se preguntan si esta ofensiva judicial es una respuesta directa a esas protestas, tildadas por algunos sectores del gobierno como “subversivas” desde el primer momento.
En un contexto económico cada vez más complicado, la demanda de los policías y penitenciarios por un aumento de salarios y mejores condiciones laborales no es nueva. Las autoridades provinciales habían mostrado poca disposición a dialogar y, tras las manifestaciones, el escenario se tornó aún más tenso.
Un plan de desestabilización que despierta dudas
El Estado justifica los arrestos alegando que los detenidos tenían un plan para incendiar vehículos y robar autobombas con la intención de bloquear avenidas, generando caos en la ciudad y presionando para la salida de la cúpula policial. Pero las pruebas en las que se basa esta teoría —principalmente, mensajes intercambiados entre los detenidos— son motivo de debate. Mientras algunos sectores dentro de la propia fuerza cuestionan la veracidad de las acusaciones, otros advierten que se trata de un intento por sofocar cualquier tipo de reclamo legítimo dentro de la policía.
La presencia de Amarilla, un referente de los reclamos policiales, entre los arrestados no es un hecho menor. Muchos ven en su detención un mensaje directo del gobierno provincial: cualquier intento de alzar la voz por mejores condiciones será reprimido sin miramientos. De ser así, estaríamos frente a un claro intento de disciplinar a las fuerzas de seguridad y acallar las críticas.
¿Justicia o represión encubierta?
Si bien la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones, el creciente malestar entre los policías y penitenciarios sugiere que esta operación podría tener un efecto contrario al buscado. En lugar de desarticular una supuesta conspiración, podría estar avivando el descontento entre quienes ya venían reclamando por derechos legítimos, como mejores salarios y condiciones de trabajo.
El gobierno provincial tiene ahora el desafío de demostrar que esta operación no es simplemente una represalia política disfrazada de legalidad. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta qué punto esta ofensiva judicial es una acción para preservar el orden, y hasta qué punto es un intento por silenciar a quienes se atreven a reclamar justicia en su propio trabajo?
Esta serie de acciones ilegales tenía como fin forzar la renuncia de la cúpula policial y generar malestar entre la población, según se desprende de las conversaciones interceptadas.
La detención de Amarilla marca un punto clave en esta investigación que continúa en marcha y se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre el avance del caso.