La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada hoy por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público debido al operativo de seguridad desplegado durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria, que tuvo lugar el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional.
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La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires. Según fuentes judiciales, la denuncia se asignó por sorteo y será investigada en los próximos días.
Dalbón solicitó ser citado para ratificar y ampliar la denuncia, haciendo especial mención a la represión que se desató durante la marcha, donde una nena de diez años fue rociada con gas pimienta mientras se encontraba junto a su mamá. Las imágenes, ampliamente difundidas por los medios de comunicación, muestran a la madre e hija agachadas, tratando de protegerse, cuando un policía las roció con el gas.
La denuncia se fundamenta en el artículo 248 del Código Penal, que prevé penas de un mes a dos años de prisión, además de la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo, para quienes “dictaren resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutaren las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutaren las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Además de la ministra Bullrich, la denuncia también alcanzó a Alejandra Monteoliva, funcionaria del Ministerio de Seguridad, quien fue señalada por presunta violación de los deberes de funcionario público. Esta segunda denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, con el apoyo de figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García. La causa quedó bajo la jurisdicción de la jueza federal María Servini en los tribunales federales de Retiro.
La represión en la manifestación ha generado una ola de críticas hacia el accionar de las fuerzas de seguridad y la conducción del Ministerio de Seguridad, poniendo en el centro del debate el uso excesivo de la fuerza durante protestas sociales en el país.