Víctor Wall, referente libertario misionero y candidato a diputado, presentó una denuncia formal contra tres figuras del oficialismo local por presuntas violaciones a la Ley Electoral provincial. Señala el uso de recursos públicos con fines proselitistas.



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En plena cuenta regresiva hacia las elecciones del 8 de junio, el clima político en Misiones vuelve a calentarse. Esta vez, por una denuncia judicial presentada por el vicepresidente del Partido Libertario provincial, Víctor Wall, contra funcionarios públicos y candidatos del Frente Renovador de la Concordia en la ciudad de Puerto Iguazú. El planteo, presentado ante el Tribunal Electoral de Misiones, acusa al oficialismo local de violar la normativa que prohíbe mezclar actos de gobierno con propaganda política durante el período de campaña.
Wall, ingeniero en telecomunicaciones y tercero en la lista de diputados que lidera el radical Martín Arjol, formalizó la presentación junto al equipo jurídico del espacio que preside el abogado posadeño Nicolás Sosa. El escrito, de diez páginas y al que accedió La Voz de Misiones, detalla una serie de acciones oficiales que —según el denunciante— tuvieron un claro tinte electoralista.
La acusación se apoya en los artículos 65, 66 y 67 de la Ley XI – N° 6 (ex Ley 4080), que establece límites estrictos sobre el uso de recursos públicos durante la campaña. En particular, Wall apunta contra tres referentes de la Renovación en Iguazú: el concejal Javier Bareiro (que busca la reelección bajo el sublema El Cambio es Ahora), el coordinador de Frontera Manuel “Manu” Vargas (candidato de Fuerza Ciudadana) y la contadora Magdalena Maggi Irala, directora del Hospital Turístico local y cabeza del sublema Por Más Logros.
Los hechos cuestionados
La denuncia detalla que Bareiro y Vargas habrían promocionado, en medios y redes sociales, un operativo gratuito para tramitar el DNI, realizado entre el 21 y 22 de mayo. En tanto, a Irala se le cuestiona haber difundido una jornada sanitaria en escuelas y barrios de la ciudad, ocurrida a fines de abril.
“En todos los casos, se observan claramente elementos propios de campaña electoral”, sostiene Wall en su presentación. Se refiere a la inclusión de fotos de los candidatos, nombres completos, sublemas e incluso su condición explícita de postulantes para el 8 de junio. Todo esto, en actos institucionales que —por ley— no deberían mezclarse con la actividad partidaria.
“Esta acción constituye una instrumentalización con fines partidarios de una política pública, en infracción directa al artículo 66, inciso 4, de la Ley Electoral”, plantea el escrito. Y pone como ejemplo una nota publicada el 17 de mayo en el portal Iguazú Ahora Noticias, donde Bareiro aparece mencionado como organizador del operativo de DNI. “La nota no distingue entre su rol institucional y su condición de candidato, lo cual genera una ventaja electoral indebida”, denuncia.
“Una violación sistemática”
La presentación judicial también incluye capturas de pantalla, links a publicaciones y posteos en redes sociales, como pruebas del supuesto uso político de estas actividades. Entre ellos, se menciona un posteo en Facebook de Manu Vargas promocionando el operativo y una publicación de Instagram de Irala, del 28 de abril.
En este último caso, aunque la publicación es anterior al inicio del plazo de 30 días de veda establecido por ley, Wall argumenta que las actividades promocionadas continuaron en el tiempo y que su presencia activa en redes sigue generando “un efecto proselitista continuado”.
“Estas publicaciones tienen en común la utilización electoral de acciones de gobierno en beneficio de candidatos oficialistas, bajo el disfraz de gestiones institucionales”, concluye la denuncia, que habla de una “violación sistemática y coordinada al régimen normativo electoral vigente”.
No es la primera vez que Víctor Wall aparece en escena con denuncias de alto voltaje político. Su nombre tomó relevancia nacional en diciembre pasado, cuando el propio presidente Javier Milei compartió en sus redes una publicación suya con el hashtag #ChauRovira, en referencia al histórico conductor del oficialismo misionero, Carlos Rovira.
Por ahora, el Tribunal Electoral deberá analizar la presentación y definir si da lugar a una investigación formal. Mientras tanto, en Misiones, la campaña sigue sumando tensión.