En el Congreso se está debatiendo un proyecto que podría tener un impacto significativo en la forma en que se llevan a cabo las investigaciones judiciales y



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la regularización de armas de fuego en el país. Entre los puntos más destacados, se encuentra la potestad para interceptar llamadas telefónicas y otros tipos de comunicaciones, así como un nuevo marco para la tenencia de armas de uso civil.
Interceptaciones telefónicas y de redes sociales
El proyecto otorga a las autoridades judiciales la facultad de interceptar llamadas telefónicas, mensajería en redes sociales, y otras plataformas virtuales, siempre con la debida orden judicial. Esta medida, según sus impulsores, busca mejorar la eficiencia en la investigación de delitos graves. Además, en casos de urgencia, la cadena de interceptaciones podrá extenderse con autorización del Ministerio Público Fiscal, aunque la autoridad judicial competente deberá ser notificada dentro de las 24 horas siguientes para evitar que la pesquisa pierda su validez.
Regularización de armas: plazo de un año sin sanciones
Por otro lado, el proyecto también establece un plazo de 360 días para que quienes posean armas de fuego de uso civil o sus repuestos, ya sea sin registro o con una registración vencida, regularicen su situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Durante este período, no se aplicarán sanciones penales. Las personas que no sean usuarios legítimos deberán iniciar los trámites necesarios para obtener la autorización correspondiente.
Entrega voluntaria de armas: una apuesta por la seguridad
Otro punto relevante es la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027. Este programa permite a los ciudadanos entregar armas y municiones de forma anónima a cambio de un incentivo económico. Las armas entregadas serán inutilizadas y destruidas inmediatamente, en un esfuerzo por reducir la cantidad de armas ilegales en circulación.
Este proyecto, que combina medidas para mejorar la seguridad y facilitar el control de las armas de fuego, promete ser uno de los temas más debatidos en las próximas semanas, ya que plantea importantes desafíos tanto para el control del crimen como para los derechos de los ciudadanos.