Mientras el oficialismo impulsa una reforma que busca endurecer las penas para reincidentes y ampliar los criterios de prisión preventiva
4 minutos de lectura
Desde la oposición y organizaciones de derechos humanos denuncian que se trata de una medida “demagógica” que refuerza el aparato represivo sin abordar las causas estructurales del delito.
“Lo que se hace es fortalecer el aparato represivo y no ir al fondo de la cuestión”, criticaron desde los sectores que rechazan la iniciativa. “Es demagogia, para una legislación más punitiva, represiva, para mayor control social. Nosotros la vamos a rechazar”, subrayó un referente opositor en la discusión parlamentaria.
Los puntos clave de la reforma
El proyecto establece que será considerado reincidente “toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”. Además, contempla que las condenas dictadas en el extranjero también cuenten para la reincidencia, siempre que correspondan a delitos que, según la ley argentina, puedan dar lugar a extradición.
Otro punto clave es la modificación del artículo 17 del Código Procesal Penal, que endurece los criterios para la prisión preventiva. Según la reforma, “las medidas restrictivas de la libertad sólo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva”. Esto significa que una persona podría permanecer detenida si tiene otras causas penales abiertas en simultáneo.
Además, el proyecto permite acumular condenas dictadas por distintos tribunales hasta alcanzar un máximo de 50 años de prisión. No obstante, se aclara que no se considerarán reincidentes aquellos condenados por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años ni aquellos beneficiados por una amnistía.
Un debate encendido
La discusión en el Congreso promete ser intensa. Mientras el oficialismo sostiene que el endurecimiento de penas es una respuesta necesaria ante el avance del delito y la inseguridad, los sectores críticos advierten sobre el riesgo de una legislación que podría llevar a una mayor superpoblación carcelaria sin atacar las raíces del problema.
Por lo pronto, el debate sigue abierto y las posturas enfrentadas anticipan una sesión caliente en el recinto.