El juicio, que expone una red de corrupción en la frontera con Paraguay, revive una investigación iniciada en 2016 tras una denuncia interna y escuchas telefónicas clave.
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POSADAS.— La mañana arrancó tensa este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas. A las 8.40 en punto se retomó el juicio oral contra cuatro exagentes de la Aduana local, acusados de facilitar el ingreso irregular de mercadería desde Paraguay. La causa, que remite a una investigación iniciada en 2016, destapa un entramado de corrupción en el paso fronterizo entre Posadas y Encarnación.
En esta tercera jornada, los defensores de los imputados buscaron anular parte del expediente. Apuntaron con fuerza a las escuchas telefónicas realizadas durante la instrucción y al juicio abreviado que firmó uno de los involucrados. Los planteos, previsibles pero estratégicos, intentan debilitar la columna vertebral probatoria del caso.
Los exfuncionarios enfrentan cargos pesados: asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de deberes y contrabando agravado. Uno de ellos, identificado como Alfonso, carga además con una imputación extra por contrabando agravado en un hecho distinto.
La historia arranca en los pasillos de la misma Aduana. En 2016, una denuncia interna prendió la mecha. Lo que siguió fue un año de escuchas, seguimientos y operativos en los que se documentó cómo, presuntamente, se abría paso a mercadería sin declarar, a cambio de coimas y favores.
Este martes se esperaba también que los acusados rompieran el silencio y brindaran su versión. Aunque todavía no se sabe si hablarán o si se acogerán a su derecho a no declarar, la expectativa es alta. Las próximas audiencias podrían ser clave para definir cómo sigue esta trama que mezcla Estado, fronteras y corrupción.
La causa no solo pone la lupa sobre prácticas irregulares, sino que también refleja el desafío constante de controlar los límites del país, donde la ley muchas veces se negocia en voz baja y por debajo del mostrador.
Los inicios de la causa y antecedentes
La investigación se inició en 2016 tras una denuncia interna del entonces administrador de la Aduana, Fernando Garnero, quien observó comportamientos sospechosos en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación. Se detectaron vehículos que retrocedían sin cruzar y cambios inusuales en los controles, lo que llevó a una pesquisa que incluyó escuchas telefónicas y análisis de cámaras de seguridad.
Las comunicaciones interceptadas revelaron el uso de un lenguaje en clave futbolera para coordinar las actividades ilícitas. Frases como “¿Hay partido hoy?” o “Traé las Duquesa” eran utilizadas para referirse a los sobornos y al paso de mercadería de contrabando. El término “Duquesa” aludía a los pagos ilegales, mientras que “partido” indicaba si el paso estaba habilitado.
En 2017, un operativo de Gendarmería Nacional interceptó un vehículo cargado con mercadería sin aval aduanero cerca de la estación del tren internacional. El conductor, Miguel Ángel Jara, admitió su responsabilidad y firmó un acuerdo de juicio abreviado. Según la acusación, esta operación fue coordinada por Alfonso, quien enfrenta un cargo adicional por este hecho.
Condenados y liberados en la causa
Durante las audiencias, las defensas de los imputados presentaron planteos de nulidad, cuestionando las escuchas telefónicas y la incorporación del acuerdo de juicio abreviado de Jara en el proceso. Sin embargo, el tribunal rechazó estos planteos y programó la próxima audiencia para el 27 de mayo, donde se espera que los acusados brinden su declaración.
El tribunal está compuesto por los jueces Fabián Cardozo, Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Bosch (subrogante). La causa continúa avanzando, y se espera que en las próximas audiencias se presenten testigos clave que puedan arrojar más luz sobre el presunto esquema de corrupción en uno de los pasos fronterizos más transitados del país.