La Secretaría de Energía oficializó un nuevo incremento que supera la inflación proyectada y se suma a la suba de combustibles. El alza impactará en los hogares a partir del 1º de noviembre.
Las tarifas de luz y gas aumentarán en promedio un 3,8% desde el 1º de noviembre, según se desprende de las resoluciones publicadas por la Secretaría de Energía de la Nación, organismo encabezado por María Tettamanti.
El ajuste se aplicará tanto a usuarios residenciales como a comercios, y aunque el cuadro tarifario de electricidad será dado a conocer el próximo lunes, fuentes oficiales adelantaron que la escala de incrementos será similar a la del gas.
De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de octubre rondará el 2,5%, lo que significa que el aumento en los servicios energéticos superará la variación general de precios. Además, los nuevos valores también se ubican por encima de los ajustes salariales promedio, dado que la mayoría de los convenios colectivos mantienen paritarias por debajo de la inflación acumulada.
A este incremento se suma la actualización en los combustibles, luego de que el Gobierno dispusiera un alza parcial en el impuesto que forma parte del precio final de la nafta y el gasoil. Si bien aún resta definir cuál será la magnitud del ajuste que aplicarán las petroleras, se prevé que el incremento también impacte en los costos logísticos y de transporte.
Otro punto relevante es que el Ejecutivo eliminó la obligación de las empresas energéticas de informar mensualmente los porcentajes de ajuste, medida que había sido establecida en administraciones anteriores para garantizar previsibilidad en los consumidores. De esta forma, los aumentos se incorporan de manera gradual en la estructura de costos, lo que dificulta su seguimiento y control en el corto plazo.
Con este nuevo incremento, el sector energético continúa reacomodando sus precios en un contexto de alta inflación y desaceleración del consumo. Mientras el Gobierno busca equilibrar las cuentas públicas y reducir subsidios, los usuarios enfrentan un escenario de mayor presión sobre los servicios esenciales y pérdida sostenida del poder adquisitivo.