En el marco de una investigación por fraude y evasión fiscal, agentes de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo una serie de allanamientos en las instalaciones de la cervecería Quilmes, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Santa Fe.
5 minutos de lectura
Esta investigación surge a raíz de una denuncia presentada por la AFIP-DGI, que señala a la reconocida empresa por maniobras destinadas a eludir sus responsabilidades fiscales.
Según la denuncia, Quilmes habría llevado adelante diversas estrategias para desprenderse de activos y transferir bienes a otras compañías del mismo grupo económico con el objetivo de declararse insolvente. De esta manera, la empresa habría evadido el pago de deudas correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, durante el período comprendido entre 2018 y 2023.
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la fiscal María Luján Rotetta, con el apoyo del secretario Juan Paiva, asumió la investigación del caso. A partir de las pruebas recolectadas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de La Plata, bajo la dirección del juez Alejo Ramos Padilla y con la intervención de la Secretaría Penal N°2 del Martín Brina, ordenó la ejecución de nueve allanamientos simultáneos.
Los procedimientos se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Quilmes, Berazategui, Hudson y Rosario. Como resultado de estos operativos, se secuestró una importante cantidad de documentación que confirmaría las actividades ilícitas de la cervecería, la cual aparentemente se dedicaba únicamente a la distribución de bebidas alcohólicas, mientras ocultaba su vínculo comercial con otras tres empresas del mismo grupo. El objetivo de esta maniobra habría sido facilitar las irregularidades fiscales denunciadas.
Entre los elementos incautados, se destacan registros de cuentas bancarias empleadas para el pago de proveedores, un software de gestión administrativa y 40 dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, computadoras y discos rígidos. Además, se decomisaron 26.600 dólares, más de 25 millones de pesos y documentación contable relevante para la causa.
Durante los allanamientos, participaron miembros del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, junto a personal de la Dirección Regional La Plata de AFIP-DGI y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa y, al igual que los elementos secuestrados, se encuentran a disposición del juez interventor. La investigación se enmarca dentro de la Ley 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario, y continúa en desarrollo.