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El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy un allanamiento en el Ministerio de Capital Humano, en el marco de la medida cautelar que obliga a la cartera a distribuir seis mil toneladas de alimentos que permanecían retenidas en galpones. La intervención judicial se centró en la incautación de documentos y equipos informáticos con información clave sobre la logística, el stock y las fechas de entrega de los productos almacenados.
Según se desprende de la orden judicial, el objetivo del allanamiento fue “secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega” de la mercadería. Desde el Ministerio de Capital Humano, se informó que durante el procedimiento se entregó un “back up de la computadora del director de logística de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo”.
El operativo fue dispuesto por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, a cargo del magistrado, y se ejecutó contra la cartera dirigida por Sandra Pettovello. En un comunicado, el Ministerio detalló que entre los elementos presentados a la Justicia se incluyeron “los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo en dicha provincia, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos”. Además, se facilitó a las autoridades judiciales “las constancias del sistema informático S.U.M.A con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios”.
En su defensa, el Ministerio de Capital Humano afirmó que “está cumpliendo en tiempo y forma con el plan de distribución de alimentos”, y que desde el inicio de la actual gestión han buscado “transparentar y comunicar el trabajo realizado para que las familias vulnerables aumenten su poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales”.
Asimismo, la cartera recordó que ha presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema, en el que se plantea que “el Poder Judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Ejecutivo”.
La causa que dio origen a esta intervención judicial fue impulsada por una denuncia penal presentada por Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, quien acusó a Pettovello de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad, señalando un desabastecimiento alimentario en los comedores comunitarios. Tras conocerse la medida de Casanello, Grabois publicó en sus redes sociales: “Nuevo fallo contra la incumplidora serial Sandra Pettovello por dejar a los pibes sin comer y ocultar pruebas. Siguen jugando con el hambre de los chicos y delinquiendo alegremente”.