El Tribunal Oral Federal de Rosario absolvió a todos los acusados por la represión de 1975 en Villa Constitución, en el marco del Operativo Serpiente Roja del Paraná. A medio siglo del Villazo, el fallo genera indignación entre organismos de derechos humanos y revive la memoria de una de las gestas obreras más emblemáticas y sangrientas del movimiento sindical argentino.
El reciente fallo del Tribunal Oral Federal de Rosario, que absolvió a los diecisiete imputados por los crímenes cometidos durante la represión en Villa Constitución, marcó un antes y un después en la política de justicia argentina. A 50 años del llamado Segundo Villazo, los sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos volvieron a reclamar memoria y verdad frente a lo que califican como “un intento de reinstalar la impunidad”.
El tribunal, integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci, absolvió a Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, exdirectivos de la siderúrgica Acindar, y a otros quince acusados, entre ellos catorce agentes de la Policía Federal Argentina y un miembro de la guardia rural santafesina “Los Pumas”. La decisión, que será fundamentada en febrero, consideró que durante el proceso se habrían violado garantías de los imputados, argumento que fue duramente cuestionado por los querellantes.
El Villazo: una gesta obrera y su brutal represión
El 16 de marzo de 1974, los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución protagonizaron una histórica gesta sindical: tomaron las fábricas, organizaron asambleas y lograron elecciones libres en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La Lista Marrón, encabezada por Alberto Piccinini, triunfó en noviembre de ese año con más del 65% de los votos, convirtiéndose en símbolo de democracia sindical y lucha obrera.
Pero esa victoria tuvo un costo altísimo. En la madrugada del 20 de marzo de 1975, cuatro mil efectivos de la Policía Federal, la policía provincial y Prefectura Naval irrumpieron en Villa Constitución, trasladados en una columna de más de un kilómetro y medio de vehículos. El operativo, bautizado por el gobierno de Isabel Perón como “Serpiente Roja del Paraná”, fue dirigido por el ministro del Interior Alberto Rocamora y contó con la participación de matones de la Triple A, entre ellos Aníbal Gordon.
Ese día se registraron 150 detenciones y al menos 15 asesinatos, aunque un año después, tras el golpe militar de 1976, las cifras se duplicaron. Los operativos apuntaron contra los dirigentes de la UOM, la CGT regional, y delegados de fábricas como Acindar, Marathon, Metcon, PASA, John Deere y Massey Ferguson.
Los trabajadores respondieron con una huelga de brazos caídos que se extendió 61 días, sostenida por los obreros, sus familias y comités barriales. La represión continuó el 22 de abril, cuando 10.000 personas intentaron realizar una asamblea en la plaza central y fueron violentamente dispersadas: ese día fue asesinado el obrero José García Cariaga, hubo 10 heridos y 100 detenidos. Al finalizar la huelga, más de 400 activistas fueron despedidos y muchos encarcelados o exiliados.
El terror empresarial: Acindar y la complicidad civil
Durante el juicio, iniciado en 2023, se reconstruyeron las pruebas sobre la colaboración empresarial en la represión, especialmente de Acindar, que cedió su albergue de solteros para instalar un centro clandestino de detención donde fueron torturados obreros metalúrgicos. En el directorio de la empresa figuraba José Alfredo Martínez de Hoz, luego ministro de Economía de la dictadura.
Los sobrevivientes declararon sobre la persecución sistemática: listas negras, despidos masivos y secuestros coordinados con las fuerzas de seguridad. Muchos trabajadores fueron vistos por última vez dentro de las instalaciones de la planta siderúrgica.
Desaparecidos y asesinados del Villazo
Entre las víctimas se cuentan los secuestrados en la llamada “Noche de los tubos” de septiembre de 1976: Alberto Bedia, Manuel Martínez, Raúl Moreno y Armando Culzoni, junto a otros militantes y delegados de Acindar como Osvaldo Abbagnato Ramallo, Raúl De Sanctis, Rubén Ferraris, Alberto Galimberti, Raúl Horton y su compañera Claudia Angulo, asesinada embarazada de ocho meses.
También figuran Carlos Ponce Negri, Carlos Farías Pita, Zenón Sánchez y su esposa Gladys, desaparecida tras la represión.
Entre los asesinados se encuentran Miguel Ángel Lobotti, Rodolfo Mancini, José García Cariaga, Pedro Reche, Jorge Andino, Carlos Tonzo, Juan Carlos Salinas y la abogada Concepción De Grandis, asesinada junto a Carlos Ruescas y Julio Palacios el 17 de octubre de 1975.
Memoria, justicia y política actual
El fallo del TOF de Rosario fue celebrado por sectores que reivindican a los represores, como Cecilia Pando y el obispo castrense Santiago Olivera, quien habló de “verdadera justicia”. Sin embargo, organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y la Mesa Nacional de Organismos de Derechos Humanos repudiaron la absolución y advirtieron que “este precedente puede abrir una ola de excarcelaciones”.
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en Argentina se dictaron más de 320 sentencias condenatorias desde 2006, pero en el último año aumentaron los fallos favorables a represores. Especialistas vinculan este giro con el clima político promovido por el gobierno de Javier Milei, que ha cuestionado públicamente la política de memoria, verdad y justicia.