El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, confirmó una inversión de US$ 13.300 millones que se desarrollará en San Juan y Catamarca, de la mano de la minera suiza Glencore, una de las compañías más poderosas del sector a nivel global. El anuncio se dio a conocer este lunes a través de un posteo en redes sociales, donde el funcionario detalló que se trata de los proyectos Pachón y Agua Rica, ambos presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
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Según Caputo, la inversión forma parte de un paquete de 20 proyectos industriales que ya fueron inscriptos en el RIGI, por un total de US$ 33.600 millones. Con este movimiento, el Gobierno busca mostrar confianza externa y un horizonte de reactivación en sectores estratégicos como el cobre, mineral clave para la transición energética global.
Entre la ilusión y las preguntas de siempre
Si bien el número sorprende y alimenta expectativas en materia de generación de divisas y empleo, las voces críticas no tardaron en aparecer. En provincias con fuerte tradición minera como San Juan y Catamarca, la discusión sobre qué queda para la comunidad local y cuáles son los riesgos ambientales vuelve a estar en el centro de la escena.
El proyecto Agua Rica, en Catamarca, ya acumula antecedentes de tensiones sociales y reclamos de organizaciones ambientalistas que advierten sobre el uso intensivo de agua en zonas con recursos hídricos escasos. En San Juan, Pachón se suma a un historial de proyectos mineros que suelen generar puestos de trabajo, pero también polémicas por derrames y controles ambientales cuestionados.
El RIGI, un arma de doble filo
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones se presenta como una herramienta para atraer capitales, ofreciendo beneficios impositivos y cambiarios a empresas extranjeras. Sin embargo, sectores opositores y especialistas en desarrollo local alertan que podría significar una entrega de recursos naturales sin garantías de que las riquezas queden en el país.
La apuesta oficial es clara: mostrar que la Argentina todavía puede atraer inversiones gigantescas y convertirse en un jugador fuerte en la economía verde global. Pero, al mismo tiempo, la pregunta que flota en el aire es si este tipo de desembolsos se traducirán en mejoras estructurales para las provincias y sus comunidades, o si quedarán reducidos a promesas de campaña y números de coyuntura.