«Primero los bajaron del padrón, ahora los quieren de vuelta: el insólito vaivén del poder misionero»
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En una jugada que tomó por sorpresa a propios y ajenos, el oficialismo misionero dio un giro de 180 grados y presentó ante el Superior Tribunal de Justicia un pedido para que unos 20.000 efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales puedan votar en las elecciones del próximo 8 de junio.
Lo curioso es que hasta hace unos días todo indicaba lo contrario: el Tribunal Electoral de Misiones había ordenado excluir del padrón a los policías, penitenciarios y otros uniformados, amparándose en el artículo 48 de la Constitución Provincial, que les impide participar del acto electoral. Una norma que, cabe aclarar, fue considerada inconstitucional por el propio STJ en elecciones anteriores, permitiendo así el voto de las fuerzas durante los últimos 20 años.
El impacto no fue menor. La decisión de excluirlos desató una ola de críticas, tanto de la oposición como de sectores del oficialismo. Y es que en esta elección hay un condimento especial: uno de los candidatos con mayor intención de voto es Ramón Amarilla, suboficial retirado de la Policía, líder de la protesta salarial que sacudió la provincia hace un año, y actualmente detenido en la cárcel de Cerro Azul. Amarilla, acusado de integrar un grupo de WhatsApp que supuestamente planeaba protestas violentas, será el primer candidato a diputado en campaña desde la prisión.
Ante este contexto, la exclusión del voto policial fue leída, casi automáticamente, como una movida del oficialismo para restarle votos a un adversario incómodo. Sin embargo, nadie salió a bancar públicamente la decisión. Desde el entorno del gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, se limitaron a mencionar que la Constitución es clara y que, mientras esté vigente el artículo 48, no hay mucho por hacer.
Pero este martes, todo cambió. Según información que publicó el estatal Canal 12, el Superior Tribunal de Justicia estaría a punto de revertir la medida y permitir que los policías y agentes de seguridad voten, luego de un recurso presentado por el fiscal de Estado Carlos Giménez, a pedido del propio Passalacqua. La decisión formal aún no fue emitida, pero ya se da por hecha.
«Muchos quedaron en off side», deslizó una fuente del gobierno en diálogo con este medio, en alusión a quienes acusaban al oficialismo de maniobrar en contra del voto de los uniformados. Lo cierto es que ya se habían presentado varios recursos contra la prohibición, incluso por parte de La Libertad Avanza-Misiones, que lleva como candidato al extenista Diego Hartfield, y otro impulsado por el abogado Claudio Katiz, vinculado a la lista de Amarilla.
Hasta la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se metió en el debate. En su cuenta de X (ex Twitter), cuestionó con dureza al gobierno misionero:
“¡El mundo del revés! En Misiones pueden votar los presos y los extranjeros, pero no los policías ni gendarmes. Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad. No vamos a permitir que se silencie la voz de nuestras fuerzas.”
En la «Rosadita» misionera, como se conoce a la Casa de Gobierno provincial, niegan que el pedido de Bullrich haya influido. Aseguran que el decreto para presentar el recurso ante el STJ ya estaba firmado desde la semana pasada, pero prefirieron mantenerlo en reserva.
Este episodio se suma a otro giro reciente del oficialismo, cuando sus dos senadores nacionales cambiaron su voto a último momento y ayudaron a tumbar la ley de ficha limpia en el Congreso.
Así las cosas, mientras Misiones se encamina a una elección cargada de tensiones, el oficialismo parece decidido a no regalar ni una ficha. Y si hace falta cambiar de libreto a último momento, no tiene problema en hacerlo. Total, en política, el que no se adapta… pierde.