Un informe del revela un deterioro sostenido en el pago de préstamos al sector privado. La mora en personas físicas alcanzó el 9,3% y en entidades no bancarias superó el 22,8%, encendiendo alertas sobre el consumo y la sostenibilidad del crédito.
El sistema financiero argentino cerró 2025 con señales de tensión crecientes. Según el último informe sobre entidades financieras del (BCRA), el índice general de morosidad en el crédito al sector privado ascendió al 5,5% a fines del año pasado, consolidando una tendencia ascendente que se profundizó a lo largo del ejercicio.
El deterioro no es homogéneo. Mientras la irregularidad en los préstamos otorgados a empresas se ubicó en 2,5%, el ratio de mora en los créditos destinados a personas físicas escaló al 9,3%, reflejando el impacto directo de la coyuntura económica sobre los hogares.
El informe oficial muestra que el incremento de la morosidad está estrechamente vinculado al fuerte crecimiento del financiamiento al consumo registrado en 2025. En términos reales —considerando préstamos en pesos y en dólares— el crédito al sector privado creció 36,9% interanual, una expansión significativa que modificó la estructura de los balances bancarios.
Sin embargo, esa expansión vino acompañada de mayor exposición al riesgo. El atraso en el pago de créditos personales y prendarios fue el principal motor del deterioro. Las familias enfrentaron durante el año tasas de interés aún elevadas, una inflación persistente y una recomposición salarial que, en muchos sectores, no logró consolidarse en términos reales. Ese combo presionó sobre la capacidad de pago y elevó el nivel de incumplimientos.
Desde el BCRA señalan que, pese al aumento, los niveles de mora dentro del sistema bancario tradicional permanecen por debajo de los picos registrados en crisis anteriores. No obstante, el panorama es sensiblemente más delicado fuera del circuito formal.
En las entidades no bancarias —como cooperativas, mutuales y financieras orientadas al crédito para el consumo— el índice de irregularidad alcanza el 22,8%. Se trata de un segmento que concentra a sectores con menor acceso al sistema bancarizado y mayores niveles de vulnerabilidad, lo que amplifica el impacto social del deterioro crediticio.
El repunte de la morosidad se produce además en un contexto de transformación estructural del modelo financiero. Bajo la administración del presidente , el crédito al sector privado ganó protagonismo en los activos de las entidades. Actualmente, los préstamos a empresas y familias representan el 43,9% del activo total del sistema, desplazando al financiamiento del sector público —como Leliqs, pases y bonos del Tesoro— que había sido el eje de la rentabilidad bancaria durante la gestión de .
Este cambio implica una mayor vinculación entre la salud del sistema financiero y la capacidad de pago de hogares y empresas. Si bien la expansión del crédito es una condición necesaria para la recuperación económica, el aumento sostenido de la mora plantea interrogantes sobre la solidez de esa dinámica en un contexto todavía frágil.
El desafío hacia 2026 será doble: sostener el crecimiento del financiamiento sin deteriorar la calidad de la cartera y consolidar una mejora real en los ingresos que permita recomponer la capacidad de pago de las familias. De ello dependerá que el crédito deje de ser una fuente de tensión y se convierta en un verdadero motor de la actividad económica.