El contrato para capacitar en inglés a 132 agentes fue otorgado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, encabezada por María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro Federico Sturzenegger. La Oficina Anticorrupción intervino y se firmó un Pacto de Integridad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido) a la (AACI) para la capacitación en idioma inglés de su personal durante 2026. La entidad es dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, .
La contratación se formalizó mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y el procedimiento 26-0033-CDI25, publicados en el sistema oficial COMPR.AR. El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un período equivalente.
De acuerdo con la documentación oficial, la propuesta presentada ante Cancillería fue elaborada por Rouillet, quien se desempeña como directora ejecutiva de la AACI desde al menos 2020. El vínculo matrimonial activó el procedimiento previsto en el Decreto 202/2017 sobre conflictos de interés en contrataciones públicas.
En los considerandos del acto administrativo se dejó constancia de un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro del Poder Ejecutivo. La (OA) dictaminó que se trataba de un vínculo familiar directo y requirió la implementación de un mecanismo adicional de transparencia. Intervino también la (SIGEN), órgano rector del sistema de control interno del Estado.
Como medida preventiva, se suscribió un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI. Este instrumento, utilizado en procesos de contratación pública para mitigar riesgos de corrupción y sobornos, obliga a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos y a garantizar estándares de transparencia. Según consta en el expediente, la OA solicitó copia del acuerdo una vez firmado y Cancillería informó que el instrumento fue incorporado y comunicado formalmente.
La contratación se encuadró bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad, prevista en el régimen de compras del Estado para servicios específicos. En el proceso se registró una única oferta, presentada por la AACI, por el monto finalmente adjudicado. En el expediente se argumentó que la entidad era el “único prestador” capaz de asegurar la continuidad del programa de formación, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.
El pliego contempla la capacitación de 132 agentes: 110 en cursos regulares (Senior 3 a Senior 6 y First Certificate) y 22 diplomáticos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) en niveles B2 y C1. Además, se prevén hasta 80 exámenes de nivelación. Las clases serán presenciales en la sede de la AACI, en Suipacha 1333 (Ciudad de Buenos Aires), entre marzo y noviembre, con una carga de 10 horas mensuales por curso y ocho horas mensuales para talleres especializados. El servicio incluye plataforma virtual, seguimiento académico, informes de desempeño, certificación internacional y bibliografía de editoriales como Oxford y Cambridge.
El esquema de pagos autoriza un anticipo de hasta el 40% del monto total contra factura y contragarantía, mientras que el 60% restante se abonará en dos tramos del 30%, sujetos a la presentación de resultados intermedios y finales. Para la provisión de libros, el pago está previsto contra entrega al inicio del ciclo lectivo.
En el portal COMPR.AR figura además una contratación anterior con la misma entidad en 2024 por $55.388.180 para un curso de capacitación, con vigencia entre marzo y diciembre de ese año. En la documentación pública disponible no aparece publicado un Pacto de Integridad vinculado a ese trámite.
Especialistas en transparencia consultados por este medio señalan que la activación del Decreto 202/2017 y la intervención de la OA constituyen herramientas institucionales relevantes, aunque advierten que la existencia de un único oferente y la modalidad de adjudicación directa por especialidad suelen requerir un escrutinio reforzado para evitar situaciones de conflicto de interés o percepción de favoritismo.
Al cierre de esta edición no hubo respuesta oficial por parte del ministro ni de autoridades de Cancillería respecto del vínculo declarado y la contratación adjudicada.