En cumplimiento de una orden judicial en Nueva York, el Gobierno ratificó la inmunidad de las reservas del Banco Central y advirtió que revelar datos sensibles sobre su ubicación podría comprometer la estabilidad financiera y la seguridad nacional.
La República Argentina formalizó ante la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, la declaración jurada vinculada al estado y la localización de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La presentación se realizó en el marco del litigio por la expropiación de YPF, cuya sentencia adversa asciende a unos 16.100 millones de dólares, impulsada por los fondos beneficiarios encabezados por Burford Capital, que buscan identificar activos embargables para ejecutar el cobro.
Según pudo saber El Informante Digital, el escrito oficial fue categórico al sostener que la divulgación de información sensible —como custodios, rutas de traslado o coordenadas precisas del metal— no es una cuestión administrativa menor, sino un riesgo directo para el país. En ese sentido, el Gobierno invocó razones de seguridad nacional para limitar el alcance de los datos puestos a disposición del tribunal estadounidense.
El periodista especializado Sebastián Maril explicó que la defensa argentina argumentó que revelar detalles operativos sobre el oro podría afectar la gestión cotidiana de la liquidez internacional, exponer los movimientos físicos del metal a amenazas externas y generar impactos negativos sobre la política cambiaria y el respaldo del sistema bancario. En un escenario de alta fragilidad macroeconómica, la protección de las reservas es presentada como un pilar clave de la estabilidad financiera.
La estrategia jurídica se apoya además en la tesis de que el oro pertenece al BCRA y no al Estado Nacional. Al tratarse de una entidad autárquica e independiente, sus activos gozan de inmunidad de ejecución y son considerados inembargables tanto en la jurisdicción de Estados Unidos como en el Reino Unido y la Argentina.
En línea con esta postura, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una aclaración ante la Corte en la que afirmó no poseer información no pública sobre las cuentas ni la ubicación del oro. El funcionario señaló que sus declaraciones previas se basaron exclusivamente en información publicada por la prensa, con el objetivo de reforzar la separación institucional entre el Tesoro y el Banco Central y evitar que los activos de la autoridad monetaria sean considerados un “alter ego” del Gobierno en el litigio internacional.