Mediante el Decreto 87/2026, la administración de Javier Milei derogó una norma del gobierno anterior y ordenó el cese de la intervención del Estado como acusador en la causa por presunta defraudación contra el expresidente. La decisión reaviva el debate sobre el uso político del sistema judicial y los límites de la actuación estatal en procesos penales.
El Gobierno nacional dispuso que la Procuración del Tesoro de la Nación deje de actuar como querellante en la causa penal iniciada contra el expresidente Mauricio Macri por supuesta defraudación al Estado. La medida fue oficializada este martes a través del Decreto 87/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El decreto deroga el artículo 1° del Decreto 239/21, dictado durante la gestión de Alberto Fernández, que había habilitado de manera excepcional la participación de la Procuración del Tesoro como parte acusadora en el proceso. En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostiene que dicha intervención no se corresponde con la especialidad técnica del organismo, cuyo rol principal es la defensa jurídica del Estado en materia administrativa y patrimonial, y no la persecución penal.
La decisión se tomó luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 dispusiera el archivo de la causa, el pasado 2 de febrero. Según información a la que accedió El Informante Digital, la jueza interviniente concluyó que los hechos denunciados no configuraban un delito penal, sino diferencias de criterio vinculadas a decisiones de política económica adoptadas durante la gestión de Cambiemos.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la acción penal es competencia exclusiva del Ministerio Público Fiscal, un órgano constitucionalmente autónomo que cuenta con independencia funcional y especialización para investigar delitos complejos. En ese sentido, el decreto advierte sobre el riesgo de desnaturalizar el sistema acusatorio si otros organismos del Estado asumen roles que no les son propios, lo que podría derivar en interferencias políticas en causas judiciales sensibles.
El texto oficial aclara, no obstante, que el cese de la querella no implica que el Estado nacional renuncie a eventuales reclamos económicos. La posibilidad de iniciar o continuar acciones civiles por daños y perjuicios permanece abierta, siempre que se encuadren en los carriles procesales correspondientes.
La medida se inscribe en un contexto de revisión de decisiones adoptadas durante la gestión anterior y vuelve a poner en el centro de la escena la discusión sobre el denominado “lawfare” y el uso del aparato estatal con fines judiciales y políticos. Para el Gobierno de Milei, la derogación del decreto apunta a “restablecer la legalidad y la división de funciones”, mientras que sectores críticos advierten que también puede leerse como un gesto político hacia el expresidente Macri, hoy aliado estratégico del oficialismo en el Congreso.
Más allá de las interpretaciones, el retiro de la Procuración del Tesoro como querellante sienta un precedente relevante sobre los límites de la actuación del Estado en causas penales y reabre un debate de fondo: hasta dónde puede y debe llegar el poder político cuando la Justicia ya se ha pronunciado sobre la inexistencia de un delito.